Ayer me sorprendió la noticia de que el Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, había firmado una resolución de su área en la que se aprobaba un protocolo de atención sanitaria para casos de abortos no punibles. Desconfié. Hoy por la mañana, el mismo Ministerio que había difundido la noticia, volvió sobre sus pasos. Tal firma no existiría. Ahora todo se acomoda: por el momento, nada hace pensar que este gobierno y este funcionario avancen en tal sentido.
La salud pública y las políticas ambientales son, sin dudas, uno de los flancos más flojos del período 2003-2010. Hay razones que se gestaron antes, pero en el período señalado es poco lo que ha cambiado y mucho de lo que es criticable que parece haberse consolidado.
El Ministro Juan Manzur es un ferviente militante de la fracción fundamentalista católica Opus Dei y un conservador tucumano. Agréguese o quítese de esta afirmación lo que se desee. Está en contra del desarrollo de una política de fabricación pública de medicamentos. Ginés Gonzalez García, su antecesor, opinaba igual. Tal oposición es coherente y prolonga una dependencia, después de todo: ¿existe algún programa de Salud que no dependa de crédito externo?
En el caso que nos ocupa no se estaba decidiendo una descriminalización del aborto sino un protocolo que guía los pasos a seguir por los médicos frente a casos que nuestro Código Penal, de 1921, siempre entendió como no punibles y -por lo tanto- no judicializables. Examinar el artículo 86 es necesario y avanzar sobre una completa regulación del derecho de las mujeres a decidir por sí la interrupción voluntaria del embarazo lo es más todavía. Esta puede ser la próxima conquista de derechos civiles y anticipo que encuentro buenas razones para estar a favor.
En los países que descriminalizaron la interrupción voluntaria del embarazo se registra una muerte por aborto cada 100.000 realizados. Porcentaje ínfimo si se contrasta con los resultados de la clandestinización de esta práctica de último recurso como resultado de la prohibición, entre otras cosas. Es la principal causa evitable de muerte en mujeres de edad fértil.
Al igual que con la educación pública, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) transfirió a las provincias la atención sanitaria y éstas hicieron lo propio con sus municipios. La consecuencia fue una desastrosa atomización, una falta de coordinación y un deterioro en la capacidad de gestión. Esta fragmentación fue aprovechada por dos actores que no deberían existir si verdaderamente tuviésemos un sistema nacional integrado de salud (modelos canadiense, francés e inglés, por ejemplo): medicina prepaga y obras sociales. En el período 2003-2010 esto, lejos de revertirse, se profundizó. El avance del lucro privado en un área que de ninguna manera puede confiarse al mercado tiene consecuencias graves.
La política está en deuda con la sociedad. Es urgente y estratégico dar una vuelta de timón en la conducción de la salud pública.
La salud pública y las políticas ambientales son, sin dudas, uno de los flancos más flojos del período 2003-2010. Hay razones que se gestaron antes, pero en el período señalado es poco lo que ha cambiado y mucho de lo que es criticable que parece haberse consolidado.
El Ministro Juan Manzur es un ferviente militante de la fracción fundamentalista católica Opus Dei y un conservador tucumano. Agréguese o quítese de esta afirmación lo que se desee. Está en contra del desarrollo de una política de fabricación pública de medicamentos. Ginés Gonzalez García, su antecesor, opinaba igual. Tal oposición es coherente y prolonga una dependencia, después de todo: ¿existe algún programa de Salud que no dependa de crédito externo?
En el caso que nos ocupa no se estaba decidiendo una descriminalización del aborto sino un protocolo que guía los pasos a seguir por los médicos frente a casos que nuestro Código Penal, de 1921, siempre entendió como no punibles y -por lo tanto- no judicializables. Examinar el artículo 86 es necesario y avanzar sobre una completa regulación del derecho de las mujeres a decidir por sí la interrupción voluntaria del embarazo lo es más todavía. Esta puede ser la próxima conquista de derechos civiles y anticipo que encuentro buenas razones para estar a favor.
En los países que descriminalizaron la interrupción voluntaria del embarazo se registra una muerte por aborto cada 100.000 realizados. Porcentaje ínfimo si se contrasta con los resultados de la clandestinización de esta práctica de último recurso como resultado de la prohibición, entre otras cosas. Es la principal causa evitable de muerte en mujeres de edad fértil.
Al igual que con la educación pública, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) transfirió a las provincias la atención sanitaria y éstas hicieron lo propio con sus municipios. La consecuencia fue una desastrosa atomización, una falta de coordinación y un deterioro en la capacidad de gestión. Esta fragmentación fue aprovechada por dos actores que no deberían existir si verdaderamente tuviésemos un sistema nacional integrado de salud (modelos canadiense, francés e inglés, por ejemplo): medicina prepaga y obras sociales. En el período 2003-2010 esto, lejos de revertirse, se profundizó. El avance del lucro privado en un área que de ninguna manera puede confiarse al mercado tiene consecuencias graves.
La política está en deuda con la sociedad. Es urgente y estratégico dar una vuelta de timón en la conducción de la salud pública.
1 comentario:
La imagen de estetoscopio la tomé y puse como avatar en un Twitter y Facebook que cree con la intención de difundir noticias médicas de interes nacional. Cualesquier consulta o pedido de remoción del avatar, enviarme un mail a: kasperkit@gmail.com
De antemano muchísimas gracias.
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