¿Por quien votan los porteños?

 Por E.D.

Es de público conocimiento que el día 10 de julio el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, triunfó ampliamente con el 47,09% de los votos. Pese a la brecha obtenida en relación con el candidato que logró el segundo lugar, Daniel Filmus, no alcanzó a conseguir la mayoría absoluta necesaria para evitar la realización de un comicio definitivo el próximo 31 de julio. Dado lo reciente de la elección no es posible esgrimir razones concluyentes por las que una cantidad tan amplia de ciudadanos porteños optó por la reelección del actual jefe de gobierno. No obstante, así como es posible afirmar que un vasto sector de la ciudadanía se inclinó por el candidato del PRO por convicciones propias, también es posible suponer que otro tanto lo hizo en oposición al candidato del Frente para la Victoria y sus vinculaciones con el gobierno nacional. 

En ese sentido, resulta interesante intentar comprender en qué reside la efectividad de la campaña electoral del PRO, dado que hace de la antipolítica uno de sus ejes centrales y que se rehúsa a proponer y debatir los nuevos lineamientos que guiarían un nuevo gobierno. Pero precisamente la misma inexistencia de proyectos o ideas para un nuevo período dificulta una lectura interpretativa de apoyo a su reelección. Sin embargo, entiendo que ese problema podría resolverse a través de la evaluación de su actual gestión. ¿Pero qué hizo Mauricio Macri en ejercicio de la jefatura de gobierno?

Ciertamente podrían mencionarse varios logros (queda a criterio de cada uno la valoración de los mismos) entre los que se encuentran las bicisendas, el Metrobus, la Policía Metropolitana, la implementación de la doble mano en avenidas porteñas y el sistema de scoring. También habría que referirse al avance en las obras que buscan terminar con las inundaciones en varios barrios de la Ciudad, y la apertura de nuevas estaciones de subte, aunque en estos dos últimos casos no fueron ejecutados en su totalidad por el gobierno macrista, sino que le tocó estar presente al momento del inicio de las obras o de su inauguración.

Cabe entonces la pregunta: si los logros son tantos y convenientes para la ciudadanía porteña, ¿por qué valerse de una campaña electoral que ofrece solamente slogans sin contenido, globos de colores y evasión del discurso político por parte del jefe de gobierno?

Analizando la gestión real del Poder Ejecutivo de la Ciudad es que aparecen algunas respuestas a estos interrogantes. Propongo para ello una evaluación concreta del gobierno de Mauricio Macri, a partir de la orientación y las consecuencias en la vida cotidiana de aquellas políticas públicas que, dispersas en el tiempo, ocultas por favores mediáticos o simplemente desatendidas por los ciudadanos porteños ante el rechazo visceral al gobierno nacional, quedaron a salvo de la consideración pública, y que bien habrían podido torcer el resultado de la elección:

·         Procesamiento de Mauricio Macri: el Ingeniero Mauricio Macri se encuentra procesado actualmente por la Justicia Federal, acusado de asociación ilícita en el caso de escuchas ilegales. Para los interesados, aquí pueden leer el fallo completo con los fundamentos de la acusación. Muchos podrán suponer (como de hecho se menciona en la nota que hace referencia al caso), que el juez federal Norberto Oyarbide, a quién se lo ubica cercano al gobierno nacional, pudo haber manipulado la causa para desfavorecer al principal acusado. Cabe recordar que ese fallo fue ratificado en voto unánime por la Cámara Federal, y que hasta el periodista Nelson Castro reclamó hace un año la renuncia del actual jefe de gobierno en una editorial de su programa en TN. Como es de público conocimiento, actualmente en Inglaterra, en un caso escuchas ilegales de características similares a las referidas, el dueño del imperio mediático Rupert Murdoch decidió cerrar el diario News of the World con 168 años de existencia y más de 2 millones de lectores, tras pedir disculpas a las personas afectadas. A ello se suma que el ahora ex jefe de Scotland Yard, Paul Stephenson, y el ahora ex jefe de lucha antiterrorista, John Yates, tuvieron que renunciar a sus respectivos cargos por sus vinculaciones con el escándalo. Resulta relevante en ese sentido la comparación de la actitud del primer ministro británico que se presentó ante la Cámara de los Comunes para explicar su relación con las escuchas ilegales, mientras que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo no se disculpa ni renuncia sino que se presenta a la reelección y triunfa con una mayoría abrumadora.

·         Jorge Alberto Palacios (alias el “Fino”): junto al nacimiento de la Policía Metropolitana cobró notoriedad el que fuera elegido por Mauricio como jefe de dicha fuerza, y quién había participado ya en su diseño institucional. Lo interesante del caso es que al momento de asumir el cargo de jefe de policía, el Fino Palacios se encontraba procesado por la justicia: en diciembre de 2006 “la jueza federal María Servini de Cubría procesó sin prisión preventiva al ex comisario federal Jorge “Fino” Palacios por las cinco muertes ocurridas aquella vez (20 de diciembre de 2001) en los alrededores de Plaza de Mayo”. Además, el ex comisario había sido desplazado de la Superintendencia de Investigaciones al comprobarse sus vinculaciones con uno de los secuestradores y asesinos de Axel Blumberg, a la vez que se encontraba siendo investigado por encubrimiento en caso del atentado a la AMIA, causa por la que se encuentra hoy también procesado y encarcelado por la justicia. 

·         Policías metropolitanos sumariados en la Policía Federal: primeramente fue el jefe de inteligencia de la nueva Policía Metropolitana, Miguel Ángel Colombo, el que debió ser desplazado de la nueva fuerza, por estar procesado en una causa que lo vinculaba con delincuentes, y por la que fue echado de la Policía Federal. Luego se descubrió que había otros 14 ex comisarios de la Federal que integraban la Policía Metropolitana, todos desvinculados por la fuerza federal por faltas graves en el desempeño de sus funciones públicas. Resulta interesante la denuncia realizada por el periódico oficialista “Miradas al Sur” el día domingo 28 de marzo de 2010, en el que informa que, precisamente, el modo de evadir la dificultad de incorporar ex comisarios sumariados fue tomándolos como “consultores externos” del Ministerio de Seguridad. Vale decir, “toda la arquitectura policial de Macri está(ba) tercierizada en manos de uniformados cuentapropistas”. Pasado un mes de la purga de los 14 policías referidos se confirmó la desvinculación de otros 9 agentes investigados por causas penales. Por último, cabe recordar que el segundo del “Fino” Palacios, Osvaldo Chamorro, quien asumiera la jefatura de la Policía Metropolitana tras la renuncia de Jorge Palacios, no sólo debió renunciar también por encontrárselo relacionado con la causa de las escuchas ilegales, sino que también su nombre se encontraba en una de las listas de comisarios desplazados de la Policía Federal. Lejos de ser un error en el análisis de los antecedentes de los candidatos, la selección de los altos funcionarios de la fuerza constituían un verdadero 'cuerpo del delito'.

·         Pistolas Tasser: en paralelo a la creación de la nueva Policía Metropolitana surgió el debate en torno al uso de las pistolas Taser X28, que producen una descarga eléctrica de 50.000 voltios durante 5 segundos en el cuerpo de la persona que la recibe. Designadas pistolas disuasivas por unos, y picanas móviles por otros, estas armas fueron consideradas por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Humanas como un arma de tortura. Por ello, “Amnistía Internacional exigió al gobierno porteño que suspenda su uso”: pese a que el gobierno porteño manifestó que estas armas permitirían reducir las muertes, ya que no se trataría de armas letales, según Amnesty 339 muertes estuvieron vinculadas a su uso entre 2001 y 2007. Además, dado que no deja marcas en el cuerpo (el proyectil de un arma de fuego puede vincularse con el arma desde el cual se disparó), da lugar a las peores sospechas en relación con su uso por fuera de la legalidad. Como era de esperarse, la justicia terminó prohibiendo el uso de las pistolas de descargas eléctricas.

·         Unidad de Control del Espacio Público (UCEP): creada por el decreto 1232 del año 2008 del gobierno de la CABA, esta unidad dependía de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Considerada por la oposición e instituciones de la sociedad civil como una unidad parapolicial o grupo de tareas, tenía entre sus objetivos reales, el de mantener el espacio público libre de usurpadores (la normativa agrega: por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes, entre otras funciones que parecían no cumplir). Lo llamativo del caso es que su trabajo se desarrollaba pasadas las 23 horas y hasta las 4 de la madrugada y actuaban sin orden judicial alguna, requisito indispensable en un Estado de Derecho para proceder en un caso de desalojo (para el legislador macrista Martín Borrelli, se trataría de desalojos administrativos). Además, se valían de la violencia, el maltrato y el hostigamiento a personas en situación de calle (personas sin hogar obligados a dormir en la vía pública). En el siguiente link es posible ver un video que presentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de una denuncia judicial realizada por dicho organismo, en el que se observan 5 procedimientos desarrollados por esta unidad. Dadas las críticas y las denuncias, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, decidió desactivar la UCEP y transferir a sus integrantes a otras áreas del gobierno porteño. En relación con la problemática de las personas sin techo, dichas funciones dependen ahora del Ministerio de Desarrollo Social. 

·     Confrontación con la justicia: desde el inicio de su gestión, el gobierno de la ciudad se encontró limitado en la ejecución de algunas de sus políticas por ser consideradas ilegales o inconstitucionales por parte de la justicia porteña, bajo el amparo de la división de poderes contemplado en la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos casos seleccionados al azar: adoquines de San Telmo, obras del Arroyo Maldonado, conformación de listas negras de alumnos secundarios, intervención de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires [Obsba], y la renovación inconstitucional de la concesión de Punta Carrasco.

Muchos fueron los medios a través de los cuales el gobierno de Mauricio Macri intentó restringir el poder de los jueces: 1) comenzó a promover en abril de 2008 el incremento del número de jueces en el fuero Contencioso Administrativo (aquel que está involucrado con los actos de gobierno), con el objetivo de reducir la intervención de jueces que, “para el oficialismo, están demasiado inclinados a fallar contra el Estado, en reconocimiento de derechos sociales”; 2) intentó frenar la acción de la justicia, tanto municipal como federal, a través de la recusación de jueces (también acá) o la amenaza o promoción de juicio político (también acá); 3) pretendió violar, en contra de las denuncias de toda la oposición, la normativa que instruye el proceso de reemplazo de un juez del Tribunal Superior de Justicia; 4) buscó designar como jueza del Tribunal Superior de Justicia a una profesional que suele fallar a favor de sus intereses, aunque a criterio de legisladores e instituciones de la sociedad civil “no cuenta con 'idoneidad técnico-jurídica y moral' ni compromiso con los derechos humanos"; 5) modificó el procedimiento para la selección de los jueces con el fin de restringir la participación ciudadana; y 6) propuso dos proyectos de ley que habilitan, uno de ellos, la recusación de jueces sin dar ninguna causa, y el otro, la exigencia de una contracautela al momento de solicitar un amparo. En relación con este último proyecto de ley, la exigencia de una contracautela implica que “quien presente un amparo tendrá que dar una garantía patrimonial por la que tendría que responder si su pedido no resulta razonable”. En definitiva, serían sólo aquellos ciudadanos o habitantes de la CABA que posean bienes patrimoniales quienes podrían hacer uso de esta figura jurídica, contrariando el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 12 inciso 6) de la Constitución de la CABA, que garantiza explícitamente: “El acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos”: un intento de dar un paso formal hacia la transformación paulatina de un régimen democrático a uno oligárquico, en el que los derechos sólo rigen de acuerdo a los recursos económicos que disponga cada individuo o colectivo. Por último, vale recordar que, intentando ponerse por encima de la ley, de la Constitución tanto Nacional como de la CABA y del Poder Legislativo, el jefe de gobierno Mauricio Macri creó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia nuevas figuras penales para ser incorporadas al Código Contravencional de la CABA; como era de esperarse, un juez porteño suspendió su ejecución.

·         Programa de viviendas para familias de recursos insuficientes: hasta que el gobierno macrista asumió el ejercicio del Poder Ejecutivo, el organismo encargado de esta cuestión era el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC: en lo formal, lo sigue siendo). Desde finales de 2007 se produjo un cambio de dirección en la política habitacional de la ciudad: se creó la Corporación Sur, que asumió el tratamiento de los problemas habitacionales de las villas de emergencia de la zona sur de la ciudad, y se modificó el ámbito de competencia del IVC, al cual se lo intentó reducir a un mero organismo para el otorgamiento de créditos destinados a la clase media y media baja, excluyendo a los sectores de recursos insuficientes. La creación del nuevo organismo y el recorte de atribuciones del IVC tiene una explicación sencilla: el IVC se encuentra bajo la jurisdicción de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la Corporación Sur tiene injerencia directa el Poder Ejecutivo, en manos de Mauricio Macri. A esto se suma que, en el marco de una crisis habitacional, el gobierno porteño vetó la sanción de la ley de emergencia habitacional, que impedía los desalojos compulsivos de inmuebles en propiedad de la Ciudad, y que llamaba a una solución progresiva al déficit de viviendas. Como lo refirió explícitamente el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos (subrayado mío)”. Es en este contexto es que se valen de la figura de 'desalojos administrativos', que impide a los acusados cualquier tipo de defensa ante la justicia. La razón que esgrime el gobierno del PRO para la implementación de los desalojos compulsivos suele estar referida, sobre todo en aquellos casos de edificios con riesgo de derrumbe, a la protección de los usurpadores; razón que aparece más que atendible. Lo que no queda claro es que sea ese el verdadero fundamento, debido a las vinculaciones de altos funcionarios del gobierno porteño con empresas constructoras, y con el incumplimiento evidente de la promesa de construir 40.000 viviendas y urbanizar las villas de la ciudad.

A las medidas referidas debemos sumar la política de desfinanciación progresiva del organismo público, que reduce su presupuesto año a año, y la subejecución del presupuesto asignado a dicho organismo por la Legislatura de la Ciudad. Ninguna medida puede ser más clara de la orientación de las políticas de un gobierno que la disposición de los recursos financieros en el Presupuesto de la Ciudad, y/o su (no) ejecución. Asimismo, el gobierno de Macri fue obligado por la justicia porteña a mejorar la infraestructura y servicios de los paradores nocturnos para personas sin techo, por el estado de abandono en el que se encontraban. Además, en junio-julio de 2009 se decidió terminar con el programa “Modalidad de Alojamiento Transitorio”,que permitía a personas en situación de calle alojarse en hoteles porteños a cambio de la entrega de un subsidio de entre 25 y 35 mil pesos a individuos o grupos familiares. En ese sentido, al igual que la solución ofrecida en el contexto de los desalojos de la traza ex AU3, el monto asignado no alcanza para la compra de terrenos (menos aún de viviendas) en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que esos subsidios se proponen como una medida que busca implícitamente expulsar a los indigentes y pobres de la ciudad, obligándolos a buscar alojamiento en zonas ‘más accesibles’ (léase: fuera de la ciudad de Buenos Aires). En síntesis, no representa una solución al problema habitacional, sino una forma de lavarse las manos y de expulsar a los ‘indeseados’.

Para concluir, resulta interesante destacar la advertencia del Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, en relación con la política de desalojos del gobierno porteño, sobre la posibilidad que “se reiteren situaciones como las de Kosteki y Santillán”. Por desgracia, la advertencia se cumplió: no sólo se incrementaron las tomas de terrenos y propiedades públicas, sino que fueron asesinadas tres personas en el Parque Indoamericano. A ello hay que sumar las tomas del Club Albariño y las del Parque Avellaneda, entre otras. 

·         Desprecio por la educación pública: antes de que Mauricio Macri asuma el ejercicio del Poder Ejecutivo porteño, la Legislatura sancionó la Ley 2.565 de Emergencia de la Infraestructura Edilicia de las Escuelas Públicas de la Ciudad. En ella se establece la reparación urgente de la totalidad de los colegios públicos de la Ciudad. La ley se propone como una medida para acelerar la licitación y ejecución de las refacciones estructurales graves de infraestructura. Además, creó una Comisión de Seguimiento Legislativo, previó la licitación en forma privada en montos que no superen el millón de pesos, la contratación directa (sin licitación) si la suma no supera los $ 300.000 y la suspensión del subsidio a las Asociaciones Cooperadoras que se encargan de resolver cuestiones edilicias y de higiene menores, entre otras funciones, con la consiguiente limitación de la participación de los cooperadores en la toma de decisiones. 

Para octubre de 2008 el gobierno porteño decidió reducir el gasto, reduciendo la calidad de la vianda de los colegios e imponiéndoles a los alumnos, para muchos de los cuales era su única comida del día, una dieta desaconsejada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de bajo contenido proteico y nutricional. Más adelante se producirían las primeras tomas de colegios, con apoyo docente, por la decisión del ejecutivo porteño de rechazar más de 20.000 becas a alumnos de escuelas secundarias públicas, provenientes de familias pobres e indigentes. A todo esto, comenzaron a denunciarse maniobras de subejecución presupuestaria y reasignación de recursos al bacheo y pavimentación de la ciudad: aquello que preocupa a los sectores sociales que no requieren de la asistencia del Estado porteño para su supervivencia, su educación y/o su salud. En ese contexto se produjo la designación de un nuevo ministro de educación, el escritor Abel Posse (Narodowski debió alejarse por estar siendo investigado en la causa de escuchas ilegales), y su inmediata renuncia, repudiado por amplios sectores de la sociedad por su discurso apologético de la dictadura, entre otros motivos.

Continuando con las políticas de destrucción de la escuela pública el gobierno redujo el presupuesto destinado a la educación pública, mientras incrementaba los subsidios a la escuela privada, principalmente confesionales y de alumnos de altos recursos económicos. Estos subsidios contemplaban incrementos salariales de los docentes que se desempeñaban en estos establecimientos privados, sin embargo, el gobierno se negaba a otorgar incrementos salariales a maestros de las escuelas públicas. Entretanto, centenares de chicos de la zona sur de la ciudad se vieron impedidos de iniciar el ciclo lectivo por falta de vacantes en los colegios públicos. Además, el ejecutivo porteño intentó promover la realización de nuevas “listas negras” de docentes que hubieran adherido al paro, en clara violación del derecho constitucional de huelga, como así también se intentó instrumentar listas negras de alumnos (ver Confrontación con la justicia) durante el conflicto desatado por las tomas de decenas de colegios secundarios por falta de inversión en infraestructura y en defensa de la educación. En un acto de sinceridad brutal del pensamiento PRO, un funcionario porteño propuso privatizar la educación. 

·         La salud como negocio: como ya fuera referido con anterioridad, la intervención de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ver Confrontación con la justicia) fue denunciada como un paso para hacer del derecho a la salud un mero negocio. Desde el momento mismo que Macri asumió el ejercicio del gobierno porteño se vio enfrentado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por la intención del gobierno PRO de dar prioridad de atención a los porteños, frente a la ‘invasión’ de los provincianos, vulnerando todo derecho constitucional y humano existente. Por su parte, los alumnos de la carrera de Medicina de la UBA lograron frenar un convenio de la Ciudad con las universidades privadas para que sus alumnos realicen sus residencias en hospitales públicos de la ciudad, dándoles prioridad a éstos y reduciendo significativamente las vacantes para los estudiantes de la universidad pública. A ello hay que agregar que la centralización de las compras de insumos hospitalarios tuvo como resultado la reducción acentuada de la atención de pacientes, tanto por las demoras en la compra y entrega de dichos insumos, como también por no cubrir las vacantes del personal médico y de enfermería, la falta de gas, la falta de limpieza, y las deficiencias edilicias. En este marco el jefe de gobierno vetó también una ley que creaba un laboratorio estatal para la producción de medicamentos, que permitiría reducir el costo de los remedios que adquiere el Estado municipal, favoreciendo el negocio y la ganancia de los laboratorios privados (ver también Vetocracia). Por denunciar estas deficiencias en materia de salud, el gobierno obligó a renunciar al Director del Hospital Argerich Donato Spaccavento. Tras su reincorporación por la presentación ante la justicia porteña de un recurso de amparo, Macri decidió intervenir el Hospital.

En la misma línea, el gobierno del PRO fomentó el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano, y el lanzamiento del Complejo Hospitalario del Sur, que tiene como fin la clausura y compactación de los hospitales Muñiz, Udaondo y María Ferrer en un solo espacio. Posteriormente fue denunciada la paralización de la atención de salud mental y la inexistencia de inversión tecnológica en equipos. Como en los casos anteriores, también se denunció la subejecución presupuestaria en favor del aumento del gasto en publicidad oficial, que dio como resultado el inicio de paros en varios hospitales de la ciudad. 

·         Desprecio por lo público: en este sentido el gobierno de Macri inició su gestión dilapidando recursos públicos en consultorías privadas por trabajos que podría haber realizado personal técnico empleado en el Estado porteño. Vale decir, mientras la Ciudad se endeuda, prevé gastar en 2009 más de 300 millones de pesos en consultorías externas por trabajos que quizás no realizaría. En relación con el bacheo y repavimentación de las calles porteñas, si bien la ciudad dispone del Ente de Mantenimiento Urbano, una usina para la producción de hasta mil toneladas de asfalto diario, el ejecutivo de la ciudad prefirió mantenerla inactiva y contratar a alrededor de 10 empresas privadas para la realización de estas actividades. Por su parte, la Ciudad incumplió con la Ley de Basura Cero que tiene como fin reciclar los residuos de los porteños de manera de reducir cerca de 600 mil toneladas de basura al año. Resulta claro que por detrás de dicho incumplimiento, y del intento de volver a implementar la vieja modalidad de pagar el servicio por cantidad de toneladas de residuos recolectadas, hay un negocio de unos $ 1.000 millones anuales para las empresas que se encargan de proveer dicho servicio. Otra mención merece el proceso de licitación del mobiliario urbano de la ciudad que, contrariando fallos judiciales de primera y segunda instancia por presentaciones fraudulentas, el gobierno sigue beneficiando a la familia Terranova, propietaria de la empresa Publicidad Sarmiento, con vinculaciones cercanas al jefe de gobierno. Valiéndose del mismo modus operandi, el servicio de estacionamiento medido y acarreo en la Ciudad se encuentra vencido hace ya más de 9 años, beneficiando a las empresas Dakota (STO) y BRD (SEC) que siguen recaudando en condiciones de ilegalidad en su funcionamiento. También el servicio de reparación de ambulancias representa una nueva forma de dilapidación de recursos públicos, ya que existiendo una dependencia específica perteneciente a la Ciudad, el gobierno PRO prefirió tercerizar el servicio a manos privadas. Por último, también fue tercierizado por el ejecutivo porteño la liquidación de pago de sueldos de los trabajadores estatales. En este caso, la empresa beneficiada fue la multinacional española “Meta 4” en detrimento del Centro de Cómputos creado durante la gestión de Jorge Domínguez, con tecnología adecuada para procesar todos los sueldos de los empleados la Ciudad.

·         Vetocracia: todavía queda en el aire la acusación por parte de la oposición nacional, tras la derrota legislativa de mitad de término por parte del gobierno nacional en 2009, que la Presidenta de la Nación vetaría todas las leyes sancionadas por un Congreso Nacional ‘con una primera minoría’ en manos del mentado grupo A. Al respecto, la gestión de Mauricio Macri al frente del ejecutivo porteño lleva ya vetadas total o parcialmente 71 leyes sancionadas por el Poder Legislativo. En el año 2011 vetó hasta el momento 10. Cabe mencionar por un lado, que muchas de esas leyes fueron votadas con mayoría de legisladores del PRO, y por el otro, que muchas de ellas están referidas a problemáticas sociales, de espacio público o vinculadas con los derechos humanos. Entre las leyes vetadas se encuentran, por ejemplo, la creación de un laboratorio estatal de medicamentos, la ya mencionada ley de emergencia habitacional, la creación de un Comité contra la Tortura, la asignación de un fondo destinado a la localización y restitución de niños secuestrados y nacidos en cautiverio durante la dictadura militar, la gratuidad para los teléfonos de emergencias como el SAME desde teléfonos celulares, la construcción de una escuela pública en el terreno de la ex Mansión Seré, la obligación de reglamentar la publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires, un programa de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social, la protección de personas en situación de calle, la ley de portabilidad numérica, entre muchos otros. 

A los vetos mencionados hay que sumar, al mes de agosto de 2010, la existencia de algo más de 300 leyes vigentes sin reglamentar, lo que impide su implementación. Como informa la legisladora porteña Diana Maffía, esto supone “una forma velada de veto que funciona como mecanismo para frenar leyes sin asumir el costo político que estas decisiones pueden conllevar”. A esta altura resulta casi obvio que la mayor parte de dichas leyes corresponden a las áreas de desarrollo social, salud y educación.

·         No conoce el contenido de lo que firma: en julio de 2009 el Jefe de Gobierno firmó un decreto a través del que se creó el Registro On Line de Empleadores, que obligaba a las empresas a informar la cantidad de trabajadores que padecen tabaquismo, alcoholismo, drogadependencia o ludopatía. Dejando de lado que el decreto viola en forma flagrante el artículo 19 de la Constitución Nacional, que reserva a Dios las acciones privadas de los hombres que no ofenden el orden o la moral pública y que no perjudiquen a terceros, resulta llamativo que Mauricio Macri no tenga idea del contenido de los decretos que firma, así como también reconoce que desconoce el contenido de las leyes que veta. Ante estos casos que salieron a la luz queda flotando la pregunta: ¿quién gobierna la Ciudad?

E.D.